Del mismo modo, "la incorporación de la perspectiva restaurativa y de la víctima, y que establezca criterios de responsabilidad para los autores dentro del marco de la comprensión de la criminalidad de sus actos, en consonancia con su madurez y evolución".

La organización dejó en claro que la seguridad ciudadana es un derecho y una condición indispensable para que todas las personas —incluidos niños, niñas y adolescentes— puedan vivir plenamente y en comunidad.

Por lo demás, remarcó que el Comité de los Derechos del Niño indica que "pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando", haciendo poco probable que comprendan completamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales.

"De allí viene justamente la noción de inimputabilidad frente a un proceso penal riguroso. Es necesario, por lo tanto, un régimen penal para adolescentes que sea especializado dada la falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes en esta etapa de la vida", planteó.

Por ello el Comité insta a los Estados a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo.

A la vez, llamó a los Estados que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Unicef insiste en que "proyectar una reforma de la justicia juvenil implica pensar en un proyecto socioeducativo que incluya la responsabilización y que resguarde el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales".

Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad, argumenta.

Niveles de responsabilidad

E indica que "un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos".