Bajo el título "La agroindustria llama la atencion sobre los recientes hechos politicos que siguieron a la decision judicial de no homologar la propuesta de pago en Vicentin S.A.", la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) manifestaron su preocupación tras las declaraciones realizadas por las máximas autoridades del país sobre el caso.

Fue el propio presidente Alberto Fernández quien celebró la decisión del juez Fabián Lorenzini de rechazar la homologación del acuerdo presentado por la empresa para salir del concurso, abriendo la instancia del "cramdown" o salvataje. "No se va a consumar la trampa de aquellos acreedores privados que, perjudicando al Banco Nación y a los 1290 productores agropecuarios, pretendían quedarse con la empresa pagando unas monedas", dijo el mandario. En el mismo sentido, añadió: "ahora sí, el Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentin siga siendo una gran empresa argentina".

Este viernes 22 de septiembre, CIARA-CEC sostuvieron que "es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen". Caso contrario, "violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país". 

Ambas cámaras consideraron que las recientes medidas judiciales "pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequia y tensiones sociales de público conocimiento".

Incluso sostienen que, "si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado". Y cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza "generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria".

Finalmente, desde CIARA-CEC se "ruega" a las autoridades nacionales y provinciales que "eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional".

Fuente:Campo Litoral