El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que el gobierno puso en marcha un procedimiento para asegurar que todos los casos de hurto de energía que sean detectados por la empresa sean derivados a la Justicia, y que no exista ningún margen de discrecionalidad al respecto.

En diálogo con la prensa luego de la reunión del gabinete productivo, el funcionario también requirió un informe pormenorizado sobre la manera en que se procedió en cada caso en los cinco meses de gestión, ante la noticia de la existencia de un protocolo del gobierno anterior que establecía la remisión al Ministerio Público de la Acusación solo en casos de reincidencia, y la posibilidad de dirimir la cuestión con una sanción administrativa en determinados casos.

“Como ustedes sabrán, ni bien asumimos dispusimos una auditoría, controlando distintos procesos administrativos que tienen que ver con la Empresa Provincial de la Energía. Entre ellos, un tema muy importante es el hurto, ya que cuando salimos a hacer inspecciones nos encontramos con determinadas situaciones irregulares. Por eso he requerido que se me informe cuáles son los instructivos vigentes, cuáles son los procedimientos administrativos por los cuales la empresa instruye estas cosas. Y en atención a ello reparé en qué hay que asegurar evitar cualquier tipo de discrecionalidad, en función de la cual se determine qué casos tienen que ir a la Justicia y cuáles no”, relató Puccini.

En atención a ello, el informe requerido consiste en un detalle de los casos detectados, qué procedimiento se llevó a cabo en cada uno de ellos, cuáles fueron efectivamente al Ministerio Público de la Acusación y cómo se actuó en todos los casos. “Porque lo que aquí estaba pasando o puede pasar es que un procedimiento administrativo termine quizás encubriendo una cuestión que necesita ser llevada a la Justicia”, insistió.

"Se terminó la joda", remarcó ante la necesidad de impedir cualquier tipo de discrecionalidad. Y que “lo que tiene que quedar en claro es que si hay una cuestión irregular que se detecta, se tiene que determinar si eso es un hurto. Yo considero que si alguien está enganchado de un cable de manera ilegal, por mínimo que sea, eso tiene que ser denunciado a la Justicia, y que sea la propia Justicia penal la que lo desestime, si fuera el caso. Pero no puede haber una discrecionalidad por parte de la empresa”.

Puccini detalló que los procedimientos e inspecciones permitieron detectar infracciones en distinto tipo de conexiones, en comercios, parques o lavaderos, por un monto que en los primeros dos meses y medio se acerca a los 100 millones de pesos.

“Esto es una cuestión de justicia para todos los contribuyentes que pagan debidamente los consumos. Cada peso que se recupera por hurto tiene que ser invertido en nueva infraestructura, y terminar con cualquier discrecionalidad que pueda terminar en que haya cuestiones impunes”, completó.

FUENTE EL LITORAL