El diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza Córdoba, anunció que sorteará su dieta de legislador, siguiendo el ejemplo de Javier Milei cuando era diputado nacional.

A partir del 5 de junio, dividirá su sueldo en cuatro partes, entregando aproximadamente 1,2 millones de pesos a cada ganador del sorteo, abierto a mayores de 18 años a través de su sitio web. 

Bornoroni lo presenta como un gesto para reducir el gasto público, aunque no faltan quienes lo acusan de puro marketing político, una estrategia para captar adherentes y visibilidad. Más allá de las intenciones, este movimiento abre un debate profundo sobre la política, su profesionalización y su desconexión con la ciudadanía.

En los albores de la democracia, los cargos públicos no eran remunerados. La idea era que la política fuera un servicio, no un medio de vida. Pero pronto surgió un argumento: sin sueldos, solo los ricos –los que vivían de rentas– podían dedicarse a la política, excluyendo al resto.

Otro razonamiento complementario advertía que, sin ingresos, los políticos buscarían dinero por vías corruptas. Sin embargo, la realidad desmiente este último punto: casos como los de Cristina Kirchner o Amado Boudou, con condenas por corrupción pese a vivir de sueldos públicos, muestran que el pago no es garantía de integridad.

El problema es que la política remunerada derivó en algo peor: la profesionalización. Hoy, muchos políticos comienzan desde abajo –en la "fotocopiadora" de un partido o en cargos universitarios– y terminan viviendo del Estado toda su vida.

En Córdoba, la Legislatura es un ejemplo claro: ñoquis, fantasmas y aparatos clientelares que no solo pagan militantes, sino que a veces hasta "compran" votantes. Exintendentes, exministros y otros "profesionales" de la política ocupan puestos porque, simplemente, no saben hacer otra cosa.

Este sistema, lejos de democratizar, se vuelve antidemocrático. ¿Cómo compite un ciudadano común, un "corredor de mamuts" que trabaja para vivir, contra estas maquinarias que monopolizan el poder?

El sociólogo autodidacta Pablo Fernández Rojas, criado en una villa porteña, pone el dedo en la llaga. La militancia rentada, dice, está desfasada de la realidad. Los "profesionales" visitan los barrios de 9 a 17 horas, cuando los vecinos están trabajando, estudiando o "corriendo el mamut". Se encuentran con un "barrio fantasma", no con la vida real, que bulle al atardecer, cuando los atracos y la inseguridad se sienten, cuando la inflación muerde. Este divorcio entre políticos profesionales y ciudadanos explica el desencanto: los primeros no entienden los problemas de los segundos porque no los viven.

Tal vez deberíamos volver al ideal griego de la democracia, donde la política era una faceta inherente a cada ciudadano, no una carrera. Porque, al fin y al cabo, ¿hace falta ser político full-time para levantar la mano en una legislatura o sancionar una buena ley?

Quizás las mejores leyes nacerían de quienes viven como los ciudadanos reales, no de quienes habitan la burbuja de la política profesional. Y tal vez, como sugiere el gesto de Bornoroni –más allá de sus motivaciones–, la política paga sea incompatible con unas finanzas públicas sanas y una democracia viva.

Porque mientras sigamos alimentando aparatos, seguiremos alejando a la política de la gente. Es momento de darle una vuelta y recordar que la política no debería ser un privilegio de pocos, sino un compromiso de todos.

Fuente: Cadena 3