El tribunal, integrado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó un pedido de los fiscales para postergar la cita por lo que partir del mediodía, las partes deberán defender sus posiciones frente a una sala que tiene la última palabra.

La audiencia no es un trámite. Lo que se discute es si la expresidenta debe seguir cumpliendo su condena en su domicilio de la calle San José 1111 o si, como reclaman los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, debe ser trasladada a una prisión del Servicio Penitenciario Federal. También se analizarán las restricciones de visitas que le impusieron a la expresidenta y el uso de una tobillera electrónica, una medida que la defensa considera innecesaria y estigmatizante.

Para la fiscalía, la prisión domiciliaria no es compatible con la gravedad del fallo y aseguran que Cristina debe cumplir su pena “como cualquier otro condenado”. En ese sentido, en su apelación ante Casación, advirtieron que “la justicia debe garantizar que las penas por corrupción se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios previstos al efecto”.

En rigor, no todos los condenados del expediente Vialidad están detenidos. Nelson Periotti ya accedió al régimen domiciliario por su edad; José López pidió lo mismo por razones de seguridad al ser testigo protegido en otra causa y Raúl Pavesi aguarda definición. Pese a eso, los fiscales consideran que “no existe impedimento real alguno” para alojar a Cristina Kirchner en una unidad carcelaria común.

Luciani y Mola también pusieron en duda las condiciones del actual domicilio, ubicado en el barrio de Constitución. Alegan “falencias de seguridad”, a pesar de un informe oficial que lo declaró “apto al cien por ciento”. En caso de mantenerse la domiciliaria, pidieron que se disponga otro inmueble.

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, planteará lo contrario: que Cristina siga cumpliendo la pena en su domicilio, sin tobillera dado que la dos veces presidenta cumple su condena bajo custodia de la Policía Federal. Los abogados argumentarán que no hay riesgo de fuga, que nunca incumplió ninguna orden judicial y que la prisión domiciliaria “no constituye ningún privilegio”, sino una condición necesaria tras el intento de magnicidio sufrido en 2022.

“El uso de una tobillera electrónica es completamente innecesario porque la vigilancia personal es permanente. No existe ni siquiera en forma remota un peligro procesal", expresaron expresaron en uno de sus escritos.

Fuente: Diario Panorama