“El impacto sobre el sector agropecuario es particularmente grave. Los pequeños y medianos productores dependen, en muchos casos, del respaldo de las SGR para financiar insumos, incorporar tecnología y apalancar su crecimiento”.

Este es uno de los párrafos del comunicado que emitieron este miércoles las cuatro cadenas de los principales cultivos en Argentina -Acsoja, Argentrigo, Maizar y Asagir-, en el que alertaron por una modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que aprobó el pasado 10 de julio el Congreso.

En el marco de la sesión en que se aprobó la ley de aumento de las jubilaciones, el artículo 10 establece que, para financiar ese incremento, se elimina la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las SGR.

Las cuatro cadenas ahora cuestionaron con dureza esta decisión, y pidieron “responsabilidad fiscal y revisión urgente de la reforma que limita el crédito”.

LA IMPORTANCIA DE LAS SGR PARA EL AGRO

Según las entidades agroindustriales, “esta decisión desincentiva la participación de empresas como socias protectoras, lo que reducirá significativamente los fondos disponibles para garantizar operaciones crediticias de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

“En otras palabras, limita la oferta crediticia y el acceso a financiamiento formal en condiciones competitivas”, advirtieron.

Allí fue que consideraron que “el impacto sobre el sector agropecuario es particularmente grave”, porque “los pequeños y medianos productores dependen, en muchos casos, del respaldo de las SGR para financiar insumos, incorporar tecnología y apalancar su crecimiento”.

“Sin acceso a estas garantías, muchos productores y empresas PyMEs, quedarán fuera del circuito financiero formal, ya sea bancario o del mercado de capitales. Sin esta herramienta virtuosa y transparente, se verán forzados a recurrir a costosos esquemas informales o directamente a abandonar la actividad”, criticaron.

Además, afirmaron que la medida debilita el entramado productivo regional y compromete la generación de empleo y el valor agregado en origen.

“El supuesto ahorro fiscal que genera es insignificante frente a los beneficios comprobados del sistema de SGR: inclusión financiera, formalización, inversión productiva, desarrollo federal y aumento genuino de la recaudación a través de una economía productiva”, resaltaron.

Y agregaron: “La decisión de eliminar este régimen debilita un instrumento público privado que ha demostrado ser eficiente, transparente, federal e inclusivo, utilizado durante décadas para acompañar el crecimiento de miles de pequeñas y medianas empresas”.

Por estos motivos, solicitaron tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que “actúen con urgencia y responsabilidad fiscal, revisando el artículo 10 y manteniendo el régimen de Sociedades de Garantía Recíproca tal como estaba regulado originalmente”.

“No se puede sacrificar un sistema que ha permitido el financiamiento de miles de pequeños empresarios agropecuarios, sostenido el empleo y promovido el desarrollo territorial, por una medida de corto plazo que ignora sus consecuencias estructurales”, cerraron.

LAS BOLSAS, TAMBIÉN A FAVOR DE LAS SGR

Previamente, durante el fin de semana, el Mercado Argentino de Valores (MAV), BYMA, A3, la Caja de Valores y las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Confederada (Corrientes) habían emitido también un comunicado conjunto con críticas por este mismo motivo.

En concreto, expresaron su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), porque “implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil”.

Estas Bolsas y Mercados bursátiles hicieron cuentas y reflejaron que las SGR ya han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo.

“Este cambio realizado sin debate ni consultas no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las Pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria”, enfatizaron.

Y coincidieron en subrayar que el supuesto “costo fiscal” que se intenta justificar es mínimo -apenas el 0,02% del PBI- frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera.

Asimismo, repasaron que el crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo que se observa en los países contra las cuales compiten los productores nacionales, y estimaron que “esta ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal”.

“La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”, finalizaron.

Fuente: InfoCampo