El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que el Gobierno de Javier Milei “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.

El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.

La resolución judicial

La resolución judicial, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns, implica que por seis meses el Gobierno nacional no podrá reubicar, trasladar, cesantear, suspender, pasar a disponibilidad al personal ni suprimir estructuras del organismo vial.

La jueza Forns indicó que "se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad" necesarios para la medida cautelar y basó su decisión en el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados constitucionalmente.

Asimismo, cuestionó la decisión de supeditar los movimientos del personal al Ministerio de Desregulación, dirigido por Federico Sturzenegger, considerando que dicha medida "vulnera manifiestamente la estabilidad y derechos laborales y sindicales".

La magistrada también calificó a los empleados del organismo como "socialmente vulnerables" y destacó la necesidad de prevenir eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales de condiciones laborales, las cuales podrían implicar "perjuicios irreparables".

El anuncio y el reclamo

Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

El propio Adorni había anunciado desde la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de “la corrupción en la obra pública".

En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

La decisión disparó múltiples reclamos de gobernadores y espacios políticos de provincias clave como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que exigieron soluciones urgentes al gobierno nacional por el mal estado de las rutas nacionales.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro afirmó que "las rutas nacionales están en muy mal estado y eso genera muertes de santafesinos todas las semanas". El mandatario provincial exigió nuevamente la transferencia de los corredores nacionales a la administración provincial, alertando que la falta de mantenimiento "se está comiendo el activo vial".

Fuente: El Litoral