El Gobierno nacional anunció la eliminación transitoria de las retenciones a la exportación de granos y carnes, una medida que se mantendría hasta alcanzar los US$ 7.000 millones en ventas externas. El objetivo se cumplió en apenas tres días, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que comunicó el regreso al esquema anterior: 26% para soja y 9,5% para trigo y maíz.

Desde Coninagro Santa Fe, su presidenta Laura Llopi, celebró inicialmente la quita de retenciones, al señalar que “esto permitió liquidar cereales y oleaginosas”. Sin embargo, advirtió que “la medida transitoria no alcanzó a derramar, sobre el primer eslabón de la cadena, el productor agropecuario. Esto provocó desazón y aflicción; el productor es el que más riesgos asume”, manifestó Llopi.

Baja permanente

Para Llopi, la eliminación de retenciones “fue un parche coyuntural y no una política de fondo. Estamos convencidos de que debe ser una política de Estado permanente que brinde previsibilidad. No se pueden modificar las reglas de juego en medio del partido”, aseguró.

Y añadió: “Algunos productores se vieron beneficiados y otros no. También se habla del beneficio a los exportadores, y aquí somos cautos porque hay granos en poder de los productores, en los acopios y en la exportación; luego se analizará con números e información concreta”.

En apenas tres días, el Gobierno consiguió los US$ 7.000 millones previstos. Para Llopi, esto es “una muestra elocuente del potencial del campo argentino”. Por eso, insistió en que los gobiernos de turno deben reflexionar en políticas que fortalezcan al productor agropecuario porque es la base, es donde se produce y se multiplica el desarrollo.

“No se puede continuar castigando a uno de los sectores que garantiza producción, trabajo y crecimiento”, enfatizó la presidenta de Coninagro Santa Fe.

Reglas claras

La dirigente subrayó que “con esto no pedimos privilegios, sino reglas claras, competitivas y equitativas”.

Recordó que “la baja de retenciones incrementa la rentabilidad del productor porque aumenta el ingreso neto por tonelada vendida, mientras que la suba posterior reduce drásticamente esa ganancia, afectando el valor de la producción y las decisiones de inversión”.

Finalmente, Llopi puntualizó que la participación de los impuestos sobre la renta agrícola es del 62,6% para el promedio de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $62,6 representan impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Este impuesto distorsivo afecta la capacidad de inversión y planificación a largo plazo y deja menos recursos para cubrir los costos de insumos y servicios”, finalizó Lopi.

Fuente: El Litoral