Durante los años 2022 y 2023, SanCor Cooperativas Unidas Limitada no efectuó los aportes obligatorios por cada trabajador. Fue entonces cuando la láctea se acogió a un plan de pagos, una moratoria habilitada por tres leyes distintas, que le permitió regularizar, a partir de 2024, la situación ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esta estrategia de pago se mantuvo hasta el 31 de enero de este año. El 3 de febrero de 2025 se presentó la apertura del concurso de acreedores, con entrada en vigencia inmediata. La consecuencia directa e ineludible fue la suspensión de todos los pagos de la moratoria.

El apego a la normativa es lo que obligó a la suspensión de los pagos; por lo tanto, las cuotas del acuerdo simplemente no se abonan porque la Ley de Concursos y Quiebras así lo determina.

El trámite judicial obliga a la actual ARCA a retomar la vía legal. La ley indica que el organismo fiscal tiene la obligación de reactivar un juicio de reclamo a SanCor por esos aportes que estaban en el marco de una moratoria y que quedaron impagos.

La citación buscó que los exdirectivos José Gastaldi y Alberto Sánchez expliquen y dejen asentada su postura ante la situación.

En este contexto, el juez federal subrogante de Rafaela, Dr. Miguel Abásolo, convocó a declarar a dos expresidentes de la cooperativa, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración durante los períodos 2022 y 2023, según lo marca el expediente “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros sobre infracción Ley 27.430 – Expediente N.º FRO 2628/2024”.

Para el Ministerio Público Fiscal existe prueba suficiente para presumir que los presidentes “habrían incurrido prima facie en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (art. 7 del Régimen Penal Tributario – art. 279 de la Ley 27.430)”.

La citación buscó que los exdirectivos José Gastaldi y Alberto Sánchez expliquen y dejen asentada su postura ante la situación.

Lo sucedido es que este miércoles se les entregaron los listados de los pagos pendientes, que casualmente sitios web de extracción gremial ya habían anticipado en monto y detalle.

Estas deudas, anteriores al concurso de acreedores e impulsadas por dos denuncias generadas por trabajadores de Buenos Aires y Sunchales, tienen un acuerdo de pago cuyo cumplimiento de cuotas se vio interrumpido por la obligación impuesta por la ley concursal, y no —como intenta plantear la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina— por una falta de voluntad. Se trata de 32 períodos fiscales y de un monto superior a 1.600 millones de pesos, coincidiendo los trascendidos mediáticos con la información preliminar entregada a los exdirectivos.

El Plan de Crisis no es del agrado del gremio, por no poder prosperar así la intención de su cúpula de apoderarse de la cooperativa, siendo pública la intención de impulsar una “quiebra con continuidad”.

Según pudo confirmar a AIRE Agro, la ley del concurso exige a las diferentes administraciones de la cooperativa allanarse a la normativa concursal sin excepciones. Es un requisito que prevalece incluso sobre la voluntad de pago de SanCor, que podría reactivarse en una segunda etapa del proceso que se tramita en la Justicia de la Provincia de Santa Fe, actitud que viene siendo sostenida desde la reestructuración iniciada en 2017 e incluso antes de ese período, cuando las crisis comenzaron con una constancia creciente.

Detalle formal judicial

Tanto Gastaldi como Sánchez fueron anoticiados de los listados, que deberán ser evaluados por parte del Consejo de Administración de la cooperativa para luego poder avanzar hacia una declaración al respecto, ya que ahora la causa vuelve a la fiscalía, para una posterior nueva convocatoria que aún no tiene fecha.

Deberían, en algún momento, confluir en una sola causa el planteo federal y el de la Justicia Civil de Santa Fe, ya que ambos tienen relación con la situación económica de la cooperativa, la influencia de las interferencias sindicales y la proyección hacia adelante a partir del Plan de Crisis, que justamente no es del agrado del gremio por no poder prosperar así la intención de su cúpula de apoderarse de la cooperativa, siendo pública la intención de impulsar una “quiebra con continuidad”.

Mientras tanto, con algo de materia prima propia —que se paga en plazos de 15 a 20 días—, pero sobre todo con contratos de fasón que la están llevando a rozar los 580 mil litros diarios, SanCor sigue viva: con restricciones y demoras, pero en marcha.

Fuente: Aire Agro