El delito rural volvió a quedar en el centro del debate en la provincia de Santa Fe a partir de un pronunciamiento de la Sociedad Rural de Rosario, que expuso la falta de respuestas oficiales y el deterioro de las políticas destinadas a prevenir el delito en el ámbito rural.

Más delitos rurales y menos controles en las zonas productivas

En su planteo, la entidad advirtió que “desde hace dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas”, en un contexto que describen como de creciente conflictividad en los campos.

Según la Rural rosarina, uno de los retrocesos más significativos fue que “se desmanteló la central del OJO y su vínculo con las entidades agropecuarias”, una herramienta que califican como “clave para combatir el delito rural”. Ese dispositivo funcionaba como “un sistema de monitoreo y coordinación” que había resultado “indispensable para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos”. La pérdida de ese esquema, sostienen, dejó a vastas zonas productivas sin un mecanismo de alerta y articulación eficaz.

El reclamo se suma al de comienzos de diciembre de la Mesa de Enlace Provincial, que también puso el foco en la inseguridad que padece el sector.

La entidad también señaló que el enfoque oficial no contempla las particularidades del ámbito rural. En ese sentido, alertó que “la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad se centró exclusivamente en la seguridad urbana, sin propuestas concretas para el campo”.

Para el ruralismo rosarino, esta situación profundiza “la falta de controles y la creciente vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales”, en un escenario donde los delitos continúan en aumento.

En su diagnóstico, la Sociedad Rural de Rosario fue clara al enumerar cuáles deberían ser los ejes de una política de seguridad rural: “justicia efectiva, investigaciones, más patrullajes, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias”.

Mientras tanto, remarcaron que el único organismo que mantiene una respuesta activa frente a esta problemática es el Ministerio Público de la Acusación, al que reconocen por atender las denuncias e impulsar investigaciones.

La Mesa de Enlace Provincial suma la inseguridad rural a su agenda

El reclamo se inscribe en un contexto más amplio de preocupación del sector agropecuario provincial. A comienzos de diciembre, la Mesa de Enlace Provincial también incorporó la inseguridad rural en el temario de una reunión en la que se analizó la situación del sector y se evaluó el avance —y las demoras— de las gestiones realizadas en los últimos meses. En el documento difundido tras ese encuentro, las entidades advirtieron que persisten temas “de enorme sensibilidad” para los productores que, hasta el momento, no cuentan con definiciones claras.

Durante ese encuentro, las entidades santafesinas remarcó su preocupación por la inseguridad rural, a la que definió como “uno de los problemas más urgentes” en todas las regiones productivas de la provincia. En línea con lo planteado por la gremial rosarina, las entidades coincidieron en la necesidad de medidas específicas y sostenidas que atiendan la realidad del interior productivo.

Frente a este panorama, la Sociedad Rural de Rosario reiteró su pedido a las autoridades provinciales para “tomar cartas en el problema”, convocar a las partes involucradas y “encontrar soluciones claras, eficaces y concretas”. El reclamo, compartido por buena parte del sector, apunta a que la seguridad rural vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública de Santa Fe.

Fuente: Aire Agro