En noviembre de 2017 el salario privado medio en el país era equivalente a unos 1.000 dólares. Hoy esa variable está entre los 500 y los 600 dólares, según qué cotización del día se tome.

La comparación contiene los aumentos escalonados obtenidos en paritarias, que hoy se encuentran 20 puntos por debajo de la inflación del 42% anual que -se dice- ha calculado extraoficialmente la Casa Rosada.

La devaluación del peso ha sido el camino más rápido para hacer más baratos los salarios. Se desplegó a partir de fines de marzo y no se sabe aún cuándo se detendrá.

Sus efectos van más allá de los asalariados que nutren las últimas capas medias. Dañan también los magros ingresos de los desocupados, los jubilados y pensionados y los excluidos por el mercado laboral.

Una lista incompleta de variables -formadoras de precios- que hoy se disparan para esos sectores debe incluir desde alquileres hasta alimentos, y desde combustibles hasta impuestos y servicios públicos. A continuación se desglosan sólo algunos, los que fueron noticia en los últimos días.

En algunos casos se trata de valores que impone el sistema económico (muchas veces sobre la base de una estructura de comercialización o de producción oligopólica) y otras de decisiones políticas de la conducción económica nacional, como haber cedido la dolarización para actualizar precios de producción de energía.

La “provincialización”

El gobierno nacional ha impuesto el término “provincialización” para anunciar que ya no pagará ciertos subsidios a la energía. Hay dudas: no está claro si el término incluye la “transferencia” a las provincias de las tarifas sociales, es decir, su desaparición a menos que los Estados provinciales asuman esos costos. 

En Santa Fe la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, le puso números a sus temores: si se caen las tarifas sociales a la energía eléctrica tendrían graves problemas con sus facturas de la EPE nada menos que 210.000 usuarios.

Desde el tarifazo de 2016 comenzaron a recibir esos descuentos -que fueron diezmados por Juan José Aranguren antes de su salida hace un par de meses- pero aún así, para quienes se han atado al consumo mínimo, les representa un ahorro importante. Son unos $ 2.000 millones en tarifas sociales a la energía que hoy pone la Nación entre los santafesinos.

La EPE ya ha garantizado que no tocará sus tarifas sociales a 140.000 jubilados que cobran el haber mínimo. Se trata de un beneficio que existe desde hace décadas y comprende consumos bajos.

Otra medida similar ya tomó la Casa Rosada en materia de transporte: quitar subsidios. También se lo presenta como una transferencia de responsabilidades a las provincias y los municipios, no de recursos, claro. Para Santa Fe implica en total perder unos $ 2.490 millones.

Gas

La suba de la energía eléctrica se explica más por la suba del gas (ése es el combustible base de la matriz energética argentina) que por los costos del transporte y la distribución. La generación es más cara.
Precisamente hoy en Buenos Aires se discute en una audiencia pública (en la que Santa Fe pedirá su postergación) un nuevo aumento en el nivel de la distribución.

La noticia es que las distribuidoras han presentado dos propuestas para actualizar precios, ante la discusión que el gobierno nacional no ha logrado cerrar con las productoras de gas, de las que dependen para trasladar luego costos a los usuarios. Así, el aumento de mínima pedido por distribuidores de gas es del 26% en octubre y del 150% para un escenario de máxima.

En materia de gas natural también existen subsidios nacionales (que benefician sobre todo a las provincias del sur argentino) cuya continuidad también está en duda.

Naftas

Desde que comenzó 2018 naftas, diésel y gasoil aumentaron en diez oportunidades. En total, según marcas y variedades, hay una suba promedio del 45%.

En el sector se espera que haya más aumentos y por primera vez el gobierno nacional hace trascender la información de que estudia dictar “precios de referencia”, no se trataría de una regulación, sino de una sugerencia a los consumidores.

Ventaja

La ciudad de Santa Fe tiene una ventaja por sobre otras urbes de la provincia. Los salarios estatales de docentes, empleados públicos provinciales y municipales tienen en sus acuerdos paritarios una cláusula gatillo que compensa con actualizaciones -casi automáticas- la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Un empleado estatal cada 20 habitantes en la provincia, lo cual es una cifra más que aceptable para medir el tamaño del sector público provincial, más en tiempos en los que se observa especialmente -desde la Nación- el empleo público.

Sin embargo en la ciudad de Santa Fe de cada 10 salarios formales, dentro del empleo registrado, 4 son de empleados públicos que no van a perder su poder de compra ante la inflación al mismo ritmo de los privados.