La vasta legión de los trabajadores y cuentapropistas ocupados informales no recibieron ninguna ayuda, pese a que la mayoría se ubica por debajo de la línea de pobreza. Al no estar registrados, no cuentan con una cuenta sueldo o cuenta jubilados y no pueden recibir el reintegro del IVA o acceder a los créditos a tasa subsidiada.

La realidad es que esos sectores informales suman el 40% de la población activa, en torno de los 8 millones, quienes sufrieron y siguen sufriendo el efecto pleno de la disparada de la inflación y de la canasta básica de alimentos que solo en agosto trepó al 17%.

Los sectores informales suman el 40% de la población activa en la Argentina.

Una parte de esa informalidad son los trabajos de la Economía Popular que suman más de 3,5 millones de trabajadores “independientes” no registrados.

Se trata de vendedores ambulantes, personas que trabajan en comedores y merenderos comunitarios, fundamentalmente mujeres, feriantes, artesanos, cartoneros, recolectores informales de basura, limpiadores de vidrio de autos, pequeños agricultores; y de la construcción; quienes trabajan en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros, según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).

Además, hay otros más de 2 millones de cuentapropistas, que en una alta proporción se desempeñan en la informalidad.

Los trabajos de la “Economía Popular” suman más de 3,5 millones de trabajadores “independientes” no registrados.

Los asalariados no registrados superan los 5.600.000. Son el 40% los de puestos laborales en relación de dependencia privados. En tres actividades son más los no registrados que los registrados: personal de casas particulares (71,5%), agro (58,3%) y construcción (54,8%). Son datos oficiales que marcan el fuerte avance de la precarización y el empobrecimiento de la fuerza de trabajo.

El aumento del empleo privado durante todos estos años se concentró en los no registrados y en el cuentapropista que también tiene un fuerte registro de informalidad.

Los no registrados carecen de obra social, no tienen cobertura por accidentes de trabajo y no tienen derecho a los beneficios de jubilación y pensión de la seguridad social. Y, además, explican por qué al alcanzar la edad jubilatoria no reúnen los 30 años de aportes para acceder a la jubilación. A esto se agrega que no están recibiendo ninguna compensación por la disparada de la inflación y de los valores de las canastas de indigencia y pobreza.

Fuente:Aire de Santa Fe