"Nos interesa mencionar que encontramos a la EPE con un atraso tarifario deliberado (tarifa congelada a pesar de que el aumento del 20% había sido aprobado) y con déficit financiero mensual desde octubre", describió en su discurso, tras jurar en la Asamblea Legislativa, el gobernador Maximiliano Pullaro.

En pocas palabras, desde hace un cuatrimestre la EPE pudo subir ese 20%, sin tener que celebrar una nueva audiencia pública, porque se cumplieron muy pronto en 2023 los extremos previstos para que se dispare una suerte de cláusula gatillo. Se trata de una fórmula compleja que incluye índices del Indec representativos de los rubros: materiales, mano de obra y servicios que conforman la estructura de costos para la prestación, a cargo de la EPE. Su nombre oficial es "Indicador Ponderado (IP)".

Pullaro dijo que desde octubre la empresa está en déficit operativo: que gasta más de lo que recauda sin contar las obras de infraestructura que paga el Estado provincial. Como desde agosto no se solicitó y no se aplicó en septiembre, los efectos comenzaron a ser graves en octubre.

Debe pensarse que cuando los técnicos de la EPE expertos en tarifas elaboraron la propuesta de aumento que fue debatida públicamente, el dólar blue costaba $383 en la ciudad de Buenos Aires y el oficial $ 193 (al 30 de enero de este año) para cuando se inició aquel proceso. Hoy el paralelo supera los mil pesos y es una incógnita al 11 de diciembre qué sucederá con el oficial, entre otros muchos interrogantes.