El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevó a cabo esta tarde, primero en comisión, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, pero no encontraron un punto de acuerdo entre lo ofrecido por las cámaras y lo demandado por los gremios.

Según fuentes de las centrales sindicales, las tres centrales (CTA-A, CGT y CTA-T) unificaron posturas y solicitaron ajustes salariales partiendo en $482 mil  de SMVM a julio y $505 mil a agosto, lo que significa aumentos  de 106% y 116% respectivamente, mientras las cámaras empresarias ofrecieron $245 mil a julio, $253 mil agosto, $259 mil septiembre y $264 mil a octubre. Ante las significativas distancias se pasó a un cuarto intermedio. 

Tras el parate, no hubo mejorías ni acercamientos de las partes por lo que el Consejo fracasó y ahora el Gobierno vuelve a quedar con la responsabilidad de definir los nuevos mínimos salariales.

El encuentro tenía el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en medio de un escenario que ubica al sueldo básico como el menor en 30 años.

El último encuentro entre las partes, en la Secretaría de Trabajo, fue a fines de abril. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, al igual que en la primera convocatoria del año, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 15% en el piso salarial en dos tramos (abril y mayo).

De esta manera, el ingreso básico pasó de $202.800 a $221.052 en abril para los trabajadores mensualizados, mientras que en mayo alcanzó los $234.315,12. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $1.014 a $1.105,26 en el cuarto mes del año y a $1,171,58 en el quinto.

Con el actual valor, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado, ya que “los aumentos nominales sumaron 60,5% respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136%”, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).

Fuente LT9