No había ningún margen para que Manuel García-Mansilla se pudiese quedar hasta el 30 de noviembre. Hasta esa fecha, estaba nombrado en comisión por el decreto presidencial del presidente Milei. 

No había margen simplemente porque el respaldo que le quitó expresamente el Senado de la Nación lo dejó sin ninguna capacidad de maniobra. Tal vez si el Senado no hubiese impuesto su mayoría para rechazar el pliego, le hubiese dado margen para mantenerse transitoriamente hasta el 30 de noviembre.

El rechazo del pliego dejó a García-Mansilla sin opciones y, como él mismo señala en su carta de despedida, el riesgo de mantener vacantes en la Corte durante tres años es una anomalía que no se puede pasar por alto. La vacante que dejó Juan Carlos Maqueda, sumada a la de García-Mansilla, pone de manifiesto la incapacidad del sistema político argentino para llegar a acuerdos en temas fundamentales.

Es evidente que la Constitución exige un consenso significativo para la designación de un nuevo juez, es decir, dos tercios de los miembros del Senado. Sin embargo, las condiciones impuestas por figuras como Cristina Kirchner, que buscan nombrar jueces que avalen su inocencia, complican aún más esta situación. El resultado es un estancamiento que perjudica a la Corte, que ahora se encuentra con solo tres miembros, lo que obliga a que cualquier decisión se tome por unanimidad.

La división entre los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes suelen votar juntos, y el juez Ricardo Lorenzetti, crea un escenario complicado. Sin un acuerdo entre ellos, será difícil que se tomen decisiones significativas en este año. La composición anómala de la Corte, que debería contar con cinco miembros, se ve afectada por la falta de consenso y la disputa de poder que se remonta a años anteriores.

La historia reciente de la Corte muestra que, durante el período en el que hubo cuatro jueces, se logró mantener una mayoría que dictó fallos considerados ajustados a derecho. Sin embargo, la situación actual plantea un desafío mayor: la necesidad de llegar a un acuerdo entre los tres jueces restantes para tomar decisiones que impacten al país.

El futuro de la Corte Suprema está en juego, y la incertidumbre se extiende hasta después de las elecciones. Si Javier Milei logra ganar, el Senado deberá renovarse, y aunque podrían cambiar las condiciones, aún será necesario un acuerdo político para nombrar a los nuevos jueces. La falta de consenso que caracterizó al sistema político argentino no desaparecerá fácilmente, y es probable que la situación se mantenga tensa, incluso con un nuevo Senado.

El regreso de García-Mansilla como candidato a un nuevo nombramiento no es descabellado, y la posibilidad de que una mujer ocupe el cargo también se ha planteado, en respuesta a un reclamo por una mayor integración de género en la Corte. La salida de figuras como Elena Highton de Nolasco y el fallecimiento de Carmen María Argibay han dejado un vacío que debe ser atendido.

En este contexto, es importante que el Gobierno y el Senado busquen una solución que permita restablecer la normalidad en la Corte Suprema. La negociación será inevitable, y los resultados de las próximas elecciones influirán en el rumbo que tome el país. La situación actual no solo afecta a la Corte, sino que refleja una crisis más amplia en el sistema político argentino que requiere atención urgente.

Fuente: Cadena 3