El tema tiene que ver con los presos y la importancia de que trabajen, estudien y tengan posibilidades de recuperarse mientras cumplen su pena en la prisión para después reinsertarse en la sociedad. 

No es solamente privar a una persona de su libertad castigándolo por un delito que cometió, sino que una vez que empieza a cumplir su condena en la cárcel, tenga posibilidades de trabajar o de estudiar.

Acá es donde empieza a haber mucha polémica, porque mucha gente prefiere que los presos estén encerrados, que no vean la luz del sol, que estén en un pequeñísimo cuarto a manera de castigo para toda la vida. 

En Mendoza, un hombre estuvo muchos años privado de su libertad entre 1996 y 2016, en cuatro penales. El interno, identificado como José Aníbal Molina, estuvo trabajando y cuando salió fue a la justicia. Y ahora la Corte Suprema de Mendoza determinó que el gobierno provincial tiene que pagarle por 20 años de trabajo en las cárceles por las que pasó.

El fallo estipula que el preso firmaba las planillas de jornales de lunes a viernes, lo que demuestra que efectivamente trabajaba. Durante su tiempo en el Servicio Penitenciario Provincial, Molina tuvo diferentes trabajos, pero nunca recibió dinero por su labor.

El fallo de la corte dice que el gobierno de la provincia tiene que reconocerle por los trabajos realizados, más los intereses. La falta de registro no puede ser responsabilidad del detenido, como establece la ley 24.660 de ejecución de la pena, que determina que el preso debe ser remunerado por su trabajo.

Este caso genera un debate sobre si es correcto que los presos trabajen y se les remunere. Sin embargo, está claro que el trabajo constituye un derecho y un deber del interno, y debe ser remunerado. Además, la importancia de que los presos trabajen y estudien es fundamental para su reinserción en la sociedad.

Fuente: Cadena 3