En cuanto a la solicitud de prisión preventiva realizada durante los alegatos finales, la cual fue rechazada este jueves, “el tribunal evidentemente entendió que no existía el riesgo de fuga”.

Posible apelación

La otra propuesta fiscal rechazada por los jueces fue la de que los condenados realicen una reparación económica al Estado provincial, el cual resultó afectado por un monto que actualizado supera los 250 millones de pesos.

“Eso no está del todo resuelto. Lo que hizo el tribunal fue rechazar porque entiende que la legitimación de la reparación del daño en el Código Procesal de Santa Fe la tiene la parte querellante, o eventualmente la víctima”, pero no la fiscalía. Por ende, la Provincia podrá, si así lo desea, solicitar por su parte la reparación.

"En principio tenemos que esperar todos los fundamentos. La fiscalía tiene la posibilidad de apelar tanto el monto de la pena como la prisión preventiva o incluso el rechazo de la reparación del daño".

Modus operandi

La Dra. Ilera señaló que “había mucha evidencia documental y su presentación tenía una complejidad particular, pero se pudo sortear y tuvo buena receptividad por parte de los jueces”, además de “mucha evidencia de declaraciones testimoniales, de los celulares y la declaración de otros coimputados en la causa -ya condenados- que declararon como testigos con obligación de decir verdad”.

Durante el debate se expuso “cómo era la maniobra y a quién se reportaba desde el tiempo que se llevaba adelante”, con lo cual y se receptó la figura de la asociación ilícita también. En sus alegatos finales, la fiscalía escribió el modus operandi de la banda:

La mecánica delictiva consistía en la simulación de reparaciones de móviles policiales y la adquisición de repuestos inexistentes. Los fiscales explicaron que Odriozola y Grau, "en uso de su potestad jerárquica", dispusieron los medios para ejecutar los planes criminales, "habilitando el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintiendo las actividades ilícitas desplegadas".