Este lunes, los gobernadores y enviados de las 24 provincias argentinas se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a funcionarios nacionales. El encuentro no dejó acuerdos concretos, pero sí una postal inédita en la historia reciente: mandatarios de todos los partidos políticos sentados en la misma mesa para defender los recursos provinciales.

El principal objetivo del encuentro fue avanzar en la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en el Congreso de la Nación. La iniciativa busca modificar el actual esquema de distribución de fondos para que las provincias recuperen el control de recursos que, bajo la normativa vigente, permanecen centralizados en el Gobierno Nacional.

Uno de los puntos clave del proyecto es automatizar y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para eliminar el manejo discrecional por parte del Ministerio del Interior. Además, se propone modificar la Ley de Impuesto a los Combustibles Líquidos, eliminando los fideicomisos intermedios y garantizando que el 58,36% del tributo se distribuya directamente a las provincias.

El impacto económico en números

Según un informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las provincias perdieron 30,4 billones de pesos debido a la recesión económica, cambios tributarios y el recorte de transferencias. De ese total, 13,4 billones corresponden a la caída de la coparticipación; 7,7 billones, al recorte de transferencias no automáticas; y 9,3 billones, a fondos recaudados pero no ejecutados, como el ATN, el Impuesto País para obras sociales y los impuestos a los combustibles destinados a infraestructura vial.

Para dimensionar el impacto, la pérdida representa 6,4 meses de ingresos de origen nacional, el equivalente al 60% de la coparticipación anual, y un 35% del total recibido por las provincias durante la gestión de Javier Milei.

Desde los gobiernos provinciales advierten que el superávit fiscal que exhibe la administración nacional se sostiene, en parte, a costa de vaciar las arcas provinciales.

La deuda por cajas jubilatorias

A este panorama se suma la deuda de la Nación con las 13 provincias que conservan sus propias cajas jubilatorias: Formosa, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El subsecretario de Hacienda y Finanzas de Formosa afirmó que el Gobierno Nacional mantiene una deuda superior a los 2 billones de pesos con estas jurisdicciones.

Los fondos, que deberían transferirse mensualmente para compensar el no haber traspasado las cajas previsionales a la Nación, se encuentran suspendidos desde diciembre de 2023. Según la Casa Rosada, la interrupción responde a la realización de una auditoría, pero desde las provincias denuncian que esto agrava los problemas financieros y pone en riesgo el pago de jubilaciones.

Fuente: Sin Mordaza