La decisión se da ante la finalización del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA), que fue la fuente de sustento económico del plan, y por “la imposibilidad de instrumentar sus herramientas”.

El decreto aclaró que “la derogación de la citada norma legal y de su decreto reglamentario no afectará la validez ni la continuidad de los convenios celebrados».

El régimen creado por la Ley 26.060 contempló la creación del FCIPA, “con el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero”.

El mencionado Fondo, fue constituido inicialmente por un plazo de 10 años y prorrogado por el mismo lapso, hasta que se cumplió en 2024 “sin que se haya dispuesto una nueva extensión ni se hayan introducido modificaciones a las disposiciones legales pertinentes”.

En el texto oficial, el Ejecutivo precisó que “la totalidad de los recursos asignados al referido Fondo han sido ejecutados en la asistencia brindada para la Campaña 2023-2024, y no se prevé su renovación o reposición presupuestaria”, remarcando que “el FCIPA ha cesado en su vigencia, quedando sin efecto y sin posibilidad de realizar nuevas operaciones”.

Con el amparo de la emergencia pública declarada en materia administrativa, económica, financiera y energética junto con las facultades otorgadas en la Ley Bases, el Ejecutivo consideró “procedente derogar la Ley N° 26.060, en virtud del vencimiento del plazo de vigencia del FCIPA, así como de la imposibilidad de la implementación efectiva de las atribuciones conferidas”.

El plan se había estructurado sobre la base de la asistencia financiera a los productores algodoneros, previéndose, entre otras herramientas, la contratación de seguros.

El decreto aclaró que “la derogación de la citada norma legal y de su decreto reglamentario no afectará la validez ni la continuidad de los convenios celebrados entre el Estado Nacional y las Provincias en el marco del régimen derogado, los cuales conservarán su vigencia conforme a las cláusulas pactadas y al régimen jurídico aplicable”.

El plan se había estructurado sobre la base de la asistencia financiera a los productores algodoneros, previéndose, entre otras herramientas, la contratación de seguros para garantizar la sustentabilidad de la actividad.

En este sentido, contemplaba que el Estado asista financieramente a los productores en la contratación de seguros “contra las caídas extraordinarias de la producción debido a las adversidades climáticas, físicas, telúricas y biológicas que afecten un área geográfica algodonera”.

Sin embargo, dicho instrumento no surtió efecto ya que las compañías aseguradoras se negaban a ofrecer cobertura debido a las “condiciones agroclimáticas adversas y a la elevada exposición al riesgo del cultivo de algodón”.

Fuente: Aire Agro