El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento crítico, atrapado entre un escándalo político que estalló como una bomba y una economía que cruje bajo la presión de 14 billones de pesos en deudas a corto plazo. La filtración de audios, presuntamente protagonizados por Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desató una tormenta que pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo. Las acusaciones, que involucran a figuras cercanas al poder como "Lule" Menem y hasta la propia Karina Milei, sumieron al Gobierno en un silencio ensordecedor, un desabastecimiento de palabras que agrava la percepción de fragilidad en un momento donde la estabilidad depende, precisamente, de la confianza.

Económicamente, el panorama es igualmente delicado. El gobierno enfrenta vencimientos de deuda que debe renovar a tasas de interés cada vez más altas. En junio, la tasa mensual promedio era del 2,7%; hoy, roza el 3,9%. Este encarecimiento refleja la escasez de pesos en la economía, donde inversores y bancos prefieren desviar sus recursos al dólar o al consumo antes que prestar al Estado. Si esos pesos se liberan al mercado, el riesgo es claro: un rebote inflacionario que frene la desinflación lograda con tanto esfuerzo. Para evitarlo, el gobierno sube las tasas, pero esto enfría la economía, atrapándolo en un dilema cruel: estancamiento o inflación.

La estrategia de Milei parecía clara hasta ahora: resistir hasta las elecciones. Las legislativas provinciales del 7 de septiembre en Buenos Aires y las nacionales de octubre eran vistas como un punto de inflexión. Una victoria electoral, especialmente contra el kirchnerismo, consolidaría la confianza en su programa económico, reduciendo el “riesgo cuca” —la incertidumbre que la oposición, con su discurso de gasto público y emisión, alimenta sin mencionar la palabra inflación. Sin embargo, el escándalo de los audios ha trastocado este plan. La narrativa de un gobierno corrupto, aunque no probada, se cristaliza en la opinión pública ante la falta de respuestas contundentes.

El Gobierno actuó rápido al despedir a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, señalado en los audios como el supuesto recaudador de coimas. Pero esta medida, lejos de aclarar, genera más dudas: ¿por qué echar a ambos, al denunciante y al acusado? La ausencia de una estrategia comunicativa clara agrava el problema. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió a defender a Lule Menem y Karina Milei, calificando el escándalo como una “operación monumental”. Sin embargo, el silencio del resto del gobierno, incluido el propio Milei, es ensordecedor. La Justicia, que actúa con celeridad inusual, limita las declaraciones públicas: cualquier desmentido puede ser desbaratado por avances judiciales, y el gobierno, sin control sobre fiscales ni jueces, no puede anticiparse.

En el Congreso, la situación es igual de precaria. Con apenas el 10-12% de los legisladores propios, el Gobierno carece de un escudo político. Cada crisis erosiona su base, y la oposición, tanto kirchnerista como peronista no kirchnerista y parte del radicalismo, aprovecha para presionar fiscalmente, forzando al Ejecutivo a liberar más pesos y desestabilizar su plan económico. La amenaza de un juicio político, aunque remota, no es descabellada.

Milei enfrenta así un doble desafío: un exceso de pesos que amenaza la estabilidad económica y un desabastecimiento de palabras que debilita su credibilidad política. Las elecciones, que eran su tabla de salvación, ahora están en duda. Sin una narrativa sólida que contrarreste las acusaciones y recupere la confianza, el Gobierno corre el riesgo de quedar a la deriva. La pregunta no es solo si podrá ganar en septiembre y octubre, sino si logrará encontrar las palabras para defenderse antes de que el silencio lo condene. 

Fuente: Cadena 3