“Santiago es una provincia extensa donde se han valido de una defectuosa notificación de la ANDIS, y los damnificados deben atravesar mil peripecias para revalidar una pensión sin que se haya hecho una verificación previa”, señaló Escobar, advirtiendo que “hay miles de casos en toda la provincia de personas con discapacidades evidentes” que se ven afectadas por esta situación.

El defensor también cuestionó el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad: “La ANDIS ha sido diezmada de todo su personal y estas medidas tienen una repercusión pública muy negativa”, afirmó. En ese sentido, aseguró que los canales de atención de la Defensoría del Pueblo están abiertos para recibir reclamos y no descartó la posibilidad de presentar un amparo colectivo en defensa de los derechos vulnerados.

Finalmente, Escobar abordó otro tema de agenda permanente para la institución: la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Explicó que existe un trabajo constante y coordinado con la provincia de Tucumán para controlar las empresas que generan vinaza durante el procesamiento de caña de azúcar.

“Es atípico que una provincia entre en otra, con su conocimiento y por acuerdo, para supervisar la producción y el tratamiento de los desechos. En ese sentido, nos sentimos acompañados y se trabaja de manera conjunta y sin inconvenientes para garantizar el control ambiental”, concluyó.

Fuente: Diario Panorama