La Cámara de Diputados de la Nación Argentina recibió un proyecto de resolución que propone citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para ser interpelado. La iniciativa, presentada por el diputado nacional Oscar Agost Carreño, contempla además la posibilidad de impulsar una moción de censura que podría derivar en su destitución.

El texto se ampara en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad del jefe de Gabinete ante el Congreso. Según el proyecto, las causales de interpelación incluyen la nulidad e ilegalidad del Decreto 685/2025, el incumplimiento de la Ley 27.793 —vinculada a la emergencia en discapacidad —, la violación de la división de poderes, la falta de asignación de partidas presupuestarias y la transgresión de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

La oposición impulsa una interpelación a Guillermo Francos y analiza su destitución

El legislador fundamentó la presentación en lo que considera un “desconocimiento sistemático” del Poder Ejecutivo hacia las leyes sancionadas por el Congreso, al mencionar como ejemplo los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Emergencia en Discapacidad. En este último caso, ambas cámaras insistieron en la aprobación de la norma, pero el Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 681/2025, lo que la oposición califica de inconstitucional.

Agost Carreño cuestionó además que el Gobierno continúe gobernando sin presupuesto aprobado, con prórrogas del de 2023, lo que a su entender habilita la discrecionalidad en la reasignación de recursos. En los fundamentos del proyecto, se señala como ejemplo la asignación de 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia a través de un decreto en 2024, así como la decisión de suspender retenciones agropecuarias por 40 días en plena campaña electoral.

El diputado sostuvo que el rol del jefe de Gabinete es cumplir y hacer cumplir las leyes, en especial en materia de asignación de partidas. En ese sentido, advirtió que el incumplimiento en la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad configura un conflicto político y jurídico, que habilita al Congreso a recurrir a la herramienta de la interpelación y la moción de censura.

Fuente: Aire Digital