La producción agropecuaria en Argentina sigue siendo una carrera cuesta arriba. No por la falta de demanda ni la escasez de tierras, sino por los pesos que se gastan en sembrar y los dólares de la cosecha que se queda el Estado.

Así lo refleja el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, con autoría de Franco Artusso y Tobías Lucero, que puso números a esa contradicción que viven los productores argentinos frente a la competencia internacional.

La investigación comparó precios de insumos agropecuarios en cinco países —Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos— y reflejó que nuestro país paga más caro para producir, pero vende más barato lo que produce.

Insumos más caros

El relevamiento realizado por incluyó trece bienes y servicios esenciales: fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte, gasoil y maquinaria. Así, Argentina resulta más cara en dólares en 9 de los 13 productos en la comparación con Brasil, Uruguay y Paraguay (69% de los casos) y en 7 frente a EE.UU (54%).

Los fertilizantes cuestan un 5,8% más que el promedio regional, los herbicidas un 8,2% y el gasoil un 3%. En el caso de los tractores, la diferencia es abismal: 31% más caros. Solo las cosechadoras (-7%) y los fungicidas (-7,8%) escapan a esa lógica.

“Argentina exhibe precios un poco más altos en dólares para la mayoría de los insumos, incluso tratándose de bienes comercializables internacionalmente. Esto revela la existencia de distorsiones que encarecen la producción agropecuaria”, señala el informe.

Son brechas pequeñas en algunos rubros, pero sistemáticas. Y, al sumarse el costo de la carga impositiva, termina convirtiéndose en un problema para la competitividad del sector.

Impuestos en cascada

El trabajo del IERAL apunta a una causa estructural: el sistema tributario argentino. Impuestos sobre ventas como Ingresos Brutos o tasas municipales aplicadas sobre facturación, que no existen en otros países, “van generando el pago de impuesto sobre impuesto y un sobrecosto que se traslada a los precios de los bienes a medida que recorren la cadena de valor”.

A eso se suman regulaciones laborales rígidas, costos logísticos internos elevados, y lo que el estudio define como “un contexto de mayor incertidumbre y volatilidad” que limita los mecanismos de competencia y arbitraje.

En un escenario donde el tipo de cambio esté estabilizado y menos volátil, el informe sostiene que los desafíos de competitividad se desplazan al terreno microeconómico. Allí, el foco debería estar en desarmar el entramado de regulaciones, impuestos y regímenes laborales diseñados para un modelo burocrático “que ya no arrojó buenos resultados”.

"El foco debe estar en mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y factores, reduciendo las distorsiones generadas por una trama de regulaciones, impuestos y regímenes laborales centralizados, diseñada en su momento para un tipo de organización económica —burocrática e intervencionista— que no arrojó buenos resultados en términos de crecimiento y desarrollo", plantea.

Y agrega: "Ese esquema debe dar paso a otro, que otorgue mayor libertad a los agentes privados para adaptar sus decisiones y organizar sus actividades productivas, de cualquier tamaño, en cualquier sector y región del país, en función de los recursos disponibles y las demandas locales e internacionales".

El costo del ingreso

La paradoja se completa del otro lado de la ecuación. Porque, aunque producir cuesta más, vender deja menos.

El informe lo explica sin eufemismos: “El principal problema de la competitividad del sector agropecuario se encuentra por el lado de los ingresos y no de los costos”.

El motivo tiene nombre: retenciones. Mientras Brasil, Uruguay, Paraguay o Estados Unidos no gravan la venta de granos, Argentina aplica derechos de exportación que reducen directamente el precio efectivo que el productor recibe por su soja, maíz o trigo.