La respuesta institucional: sumario y medidas judiciales

La denuncia activó dos vías paralelas. Por un lado, el Registro Provincial de Personas Jurídicas abrió un sumario administrativo y notificó a la Asociación Civil 29 de Abril. Se otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar balances, libros de actas, inventarios y un detalle exhaustivo de gastos en publicidad entre 2022 y 2025.

De forma simultánea, la causa ingresó en el Juzgado Federal con competencia electoral en Santa Fe, que ordenó un paquete de medidas probatorias para evaluar el alcance de los hechos. Entre ellas:

Incorporación del informe previo de campaña de Fuerza Patria

Informe financiero y societario de la Asociación Civil 29 de Abril

Requerimiento del estatuto, modificaciones y balances

Comprobación del domicilio de la ONG a través de la Policía Federal

Esta última medida busca verificar si la sede de calle Centenera 4095 funciona efectivamente como base operativa de la entidad o si se trata de una estructura formal sin actividad cotidiana.

La denuncia se produjo en un contexto de disputa pública entre las fuerzas involucradas. Mientras Provincias Unidas sostiene que se trata de una defensa de la transparencia institucional, desde el entorno de Fuerza Patria señalan que la presentación tiene motivaciones políticas.

La investigación, sin embargo, recién está en su primera etapa. El sumario administrativo del Registro Provincial podría derivar en sanciones civiles o administrativas, mientras que la causa federal deberá determinar si existió delito penal.

Fuente: El Litoral