El protocolo antipiquetes que había puesto en marcha Patricia Bullrich en 2023 fue declarado nulo por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°11. La decisión responde a una acción de amparo presentada por el CELS, que denunció que la normativa atentaba contra derechos constitucionales.

Según el fallo, la resolución 943/2023 –que facultaba a las fuerzas de seguridad a intervenir ante protestas sin orden judicial– vulnera derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades. La Justicia reafirmó que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que restrinjan garantías básicas.

Rechazo al uso de inteligencia sobre manifestantes

Cormick también declaró inconstitucionales las tareas de inteligencia que el protocolo permitía: filmaciones, fotografías y seguimiento de personas por razones ideológicas o políticas. Recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe almacenar información de ciudadanos por su pertenencia a organizaciones o su militancia.

Además, criticó la falta de criterios para actuar frente a grupos vulnerables como niños, personas mayores o con discapacidad, que requieren medidas de protección especiales. Por estos motivos, exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo y a ajustar su accionar al Código Procesal Penal.

Bullrich defendió el protocolo y cuestionó al juez

Tras conocerse el fallo, la ahora senadora nacional, Patricia Bullrich, respondió con dureza desde sus redes sociales. Afirmó que el protocolo “fue validado por decenas de jueces” y que cuenta con el respaldo de la mayoría de los argentinos. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, escribió en referencia al magistrado Cormick.

Bullrich también apuntó contra los sectores que celebraron la nulidad: “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. A su juicio, los verdaderos perjudicados por la decisión judicial son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

Finalmente, ratificó su compromiso con el protocolo que impulsó en 2023. “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza”, sostuvo, y cerró con un mensaje político: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

El Gobierno puede apelar el fallo

La sentencia restituye a los jueces la facultad exclusiva de ordenar el uso de la fuerza en protestas. A criterio del magistrado, una manifestación social no puede equipararse a un delito flagrante que habilite la represión automática.

El Gobierno nacional aún tiene la posibilidad de apelar la resolución ante instancias superiores. Cormick, días atrás, también había fallado contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuente: El Litoral