El gobierno argentino tomó la decisión el jueves de declarar persona no grata a un diplomático de la embajada de Irán, tras la reciente respuesta del régimen iraní ante la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

En un comunicado emitido por la Cancillería argentina, se ordenó a Mohsen Soltani Tehrani, quien ocupa el cargo de consejero y encargado de negocios interino de Irán en Argentina, que abandone el país en un plazo de 48 horas.

Esta medida se produjo un día después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní acusara al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno de actuar bajo la influencia de "un régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos", y de ser cómplices de los crímenes cometidos por su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones del ministro iraní se dan en un contexto de escalada de tensiones en Medio Oriente, en el marco del conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán. Milei, alineado con su principal aliado en la región, Donald Trump, ha adoptado una postura más dura hacia Teherán, llegando a calificar a Irán como un "enemigo" y considerándose a sí mismo el dirigente "más sionista del mundo".

A fines de marzo, el gobierno argentino había incluido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, lo que permite el congelamiento de sus bienes, dinero y activos, y prohíbe su operación en el sistema financiero argentino.

Argentina sostiene que los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 fueron planificados, financiados y ejecutados con la participación directa del régimen iraní. El atentado contra la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el mayor ataque terrorista en la historia de Argentina.

La Guardia Revolucionaria ha sido acusada de entrenar y financiar a Hezbolá, organización con base en el Líbano, que según la justicia argentina fue la responsable de ambos ataques. En su comunicado, el gobierno argentino enfatizó que "no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia".