La asunción del gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich trajo cambios significativos en la regulación de las protestas en Argentina. La eliminación de los piquetes parece ser un hecho, gracias a un protocolo antipiquetes que se implementó desde el ministerio. Sin embargo, esta medida enfrenta desafíos legales que ponen en cuestión su constitucionalidad.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una demanda que argumenta que el protocolo es inconstitucional. Un tribunal ya dictó un fallo en contra del gobierno, declarando nula la resolución del ministerio que intenta reglamentar un derecho constitucional. Este fallo se basa en la premisa de que el derecho a la protesta debe ser protegido y no puede ser limitado por un protocolo automático.

El fiscal Rodrigo Cuesta, encargado de evaluar la situación, también se pronunció en contra del protocolo. Su dictamen sostiene que el derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe ser evaluado en cada caso, y que no puede haber una intervención policial automática. Esto genera un dilema: ¿cómo se equilibran los derechos de protesta y de circulación?

La postura del fiscal implica que el Estado debe evaluar cada situación y decidir cuál derecho tiene mayor peso en un momento dado. Sin embargo, esto puede llevar a una arbitrariedad en la toma de decisiones, ya que no existe un protocolo claro que guíe la acción estatal ante una protesta.

La discusión se complica aún más al considerar que la única forma de protesta aceptada parece ser aquella que interrumpe la circulación. Esto limita las opciones de quienes desean expresar su disconformidad sin afectar a otros. La pregunta que surge es si es posible protestar sin bloquear el tránsito, y si las autoridades están dispuestas a permitir formas de protesta menos disruptivas.

El futuro del protocolo antipiquetes está en manos de la Cámara y, eventualmente, de la Corte Suprema. La Corte revisará no solo la legalidad del proceso judicial, sino también el fondo del asunto. La expectativa es alta, y muchos se preguntan qué sucederá si el protocolo es declarado inconstitucional. ¿Regresarán los piquetes a las calles?

Rodrigo Cuesta, el fiscal que emite este dictamen, tiene un historial que genera suspicacias. Su cercanía con la Cámpora y su trayectoria en el ámbito legal pueden influir en su interpretación de los derechos. Esto plantea la inquietud sobre si la justicia está realmente equilibrando los derechos de todos los ciudadanos o si se inclina hacia un lado en particular.

La pregunta final que queda en el aire es: después de todo lo ocurrido, ¿volverán los piquetes a ser una herramienta común de protesta en Argentina, a pesar de las decisiones judiciales?

Fuente: Cadena 3