La Legislatura de Santa Fe se encamina a otorgar sanción definitiva este jueves al proyecto de ley que crea el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, denominado Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, una iniciativa que el Ejecutivo define como “eje vertebral y piedra fundacional” para consolidar a la provincia como referente en innovación tecnológica, desarrollo territorial equitativo y garantía de los derechos digitales.

La iniciativa se apoya en la reciente reforma constitucional provincial, que ubicó a Santa Fe “a la vanguardia del derecho público argentino” al consagrar el acceso a la conectividad y a la infraestructura tecnológica como un derecho humano fundamental. En ese sentido, la fundamentación del proyecto remarca que el artículo 28 de la Carta Magna no constituye una mera declaración de principios, sino que impone al Estado una obligación positiva: adoptar medidas concretas para eliminar las brechas digitales y asegurar un acceso universal, equitativo, asequible y continuo.

La Legislatura sanciona la ley que ordena y gestiona la conectividad pública en Santa Fe

El texto también recupera lo establecido en el artículo 29 de la Constitución provincial, que obliga a proteger los datos personales y garantizar la transparencia y auditabilidad de los sistemas algorítmicos, sentando las bases de una gobernanza digital ética y centrada en las personas. “Este proyecto de ley es la herramienta estratégica diseñada para materializar estos derechos constitucionales en el territorio santafesino”, sostiene la fundamentación.

Uno de los ejes centrales de la norma es la preservación y gestión eficiente de la infraestructura desplegada a través del programa “Santa Fe + Conectada”, que permitió tender cerca de 4.500 kilómetros de fibra óptica troncal, conectando a todas las localidades de la provincia, con una inversión que superará los 87 millones de dólares. Desde el Ejecutivo advierten que esta red constituye “el sistema nervioso digital de la provincia” y que su magnitud exige un modelo de operación y mantenimiento sostenible, con costos estimados en más de 4,3 millones de dólares anuales.

Derechos humanos

En ese marco, la fundamentación alerta que dejar esta infraestructura sin un esquema de gestión adecuado implicaría “un riesgo de obsolescencia y subutilización de un activo público vital”, además de comprometer la continuidad del financiamiento internacional, en particular los compromisos asumidos ante la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El proyecto también pone el foco en la persistente brecha digital que atraviesa el territorio santafesino. Según datos citados en el texto, solo el 63% de los hogares cuenta con conexión a internet, con profundas desigualdades entre localidades y velocidades promedio sensiblemente inferiores a la media nacional. En los distritos más pequeños, donde el interés comercial de los grandes operadores es bajo o nulo, depender exclusivamente del mercado “significa condenar a vastas zonas del territorio al aislamiento digital”, advierte la fundamentación.

Frente a ese escenario, la Red se plantea como un instrumento activo del Estado para articular con el sector privado, fortaleciendo el ecosistema de cooperativas y empresas tecnológicas locales. El modelo no busca competir con los prestadores, sino generar sinergias, poniendo a disposición la infraestructura troncal provincial para garantizar la conectividad de última milla y el acceso a servicios digitales de calidad en todo el territorio.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es el esquema de contraprestación en servicios, que prioriza obligaciones de mantenimiento, soporte técnico, conectividad de edificios públicos y expansión de la red en localidades postergadas, por sobre el cobro de cánones tradicionales. Según la fundamentación, este mecanismo permite “transformar el gasto operativo en inversión social directa”, asegurando la sustentabilidad del sistema y mejorando la calidad de los servicios públicos esenciales.

La ley también establece una gobernanza unificada de los activos tecnológicos del Estado, designando como autoridad de aplicación a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión. La Red será el proveedor primario de conectividad para todos los poderes del Estado, lo que permitirá optimizar recursos, acelerar la transformación digital, garantizar la interoperabilidad de los sistemas y cumplir con los estándares de protección de datos y transparencia tecnológica.

Desarrollo integral de Santa Fe

Finalmente, el proyecto subraya que la conectividad es una plataforma habilitadora del desarrollo integral de Santa Fe: resulta clave para la competitividad productiva, la economía del conocimiento, la igualdad de oportunidades educativas, el fortalecimiento del sistema de salud mediante la historia clínica digital y la telemedicina, y la modernización de las capacidades operativas en materia de seguridad.

Con la sanción de esta norma, la provincia apunta a dotarse de un marco jurídico moderno para gestionar sus activos digitales, reducir desigualdades territoriales y preparar al Estado santafesino para los desafíos de la era digital.

Fuente: Aire Digital